Fiscalia detalla ganancias ilicitas por 7.900 millones de tres maximos ejecutivos de La Polar
Los dardos de los fiscales José Morales y Luis Inostroza apuntaron a Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, para quienes pidieron prisión preventiva. En una exposición de ocho horas, los fiscales José Morales y Luis Inostroza detallaron las ganancias por $7.900 millones que acumularon el ex gerente general y ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde; la ex gerenta corporativa de la empresa, María Isabel Farah, y el ex gerente de productos financieros, Julián Moreno, derivadas de las prácticas ilícitas desarrolladas al interior de la multitienda entre los años 2006 y 2010.
Se trata de ganancias por concepto de bonos asociados a utilidades-más tarde catalogadas de "falsas" debido a la invalidez de los resultados de la compañía-, y venta de acciones con uso de información privilegiada acerca de la real situación de la multitienda.
De esta manera, entre 2006 y 2010, Alcalde totalizó ingresos por $1.780 millones, de los cuales $257 millones fueron por concepto de venta de acciones en posesión de información privilegiada, y $1.523 millones por bonos. En el caso de Moreno, el total llegó a $3.265 millones, siendo $1.823 millones correspondientes a desinversión de títulos de la compañía y $1.441 millones a bonificaciones, mientras que la ex ejecutiva acumuló ganancias por $2.882 millones, de los cuales $1.767 millones correspondieron a desprendimiento de acciones y $1.114 millones a bonos.
Pero hay más. De acuerdo con la investigación realizada, éstos intentaron ocultar las ganancias, lo que los convirtió en protagonistas de una inédita formulación, ya que se trata de la primera vez que se imputa lavado de activos por un delito económico.
"Ellos obtuvieron sus sueldos a través de la información falsa que entregaban al mercado" y realizaron múltiples operaciones financieras para ocultarlas, explicó el fiscal José Morales.
Los actos de ocultación se realizaron desde antes de conocerse el hecho esencial del 9 de junio de este año, momento en que se destapó la existencia de un mecanismo de repactaciones unilaterales a clientes que había permitido a los ex ejecutivos ocultar la cartera real de los deudores de la multitienda y, con ello, informar provisiones por riesgo de crédito por debajo de las necesarias y, como consecuencia, resultados anuales por encima de los verdaderos.
Entre las estrategias utilizadas, el Ministerio destacó la disolución de las sociedades conyugales sin separación de bienes de Pablo Alcalde y Julián Moreno, quienes en enero y en junio de 2011, respectivamente, y tras más de 30 años de matrimonio pasaron a constituir sociedades con bienes separados.
Además, crearon sociedades nuevas con sus hijos y otros familiares, y múltiples traspasos de cuentas e inversiones en fondos mutuos.
Como detalle, la fiscalía agregó que el 72% de los movimientos de las cuentas de Pablo Acalde se produce desde el 28 de septiembre de 2010, época que coincide con la decisión del directorio de La Polar de conocer la situación real de la cartera de deuda y provisiones.
Los otros acusados
Entre las 270 diapositivas de power point que los fiscales prepararon para la primera audiencia de formalización en el caso económico más bullado este año, también estaban incluidos los delitos del ex gerente de finanzas de la compañía, Santiago Grage, y el ex gerente general de la firma, Nicolás Ramírez.
A través de una serie de mails que darían cuenta del conocimiento de los ejecutivos respecto del mecanismo de repactaciones y la situación real del retailer , los abogados querellantes argumentaron la imputación de los delitos de uso de información privilegiada y entrega de información maliciosamente falsa al mercado a Ramírez.
Mientras que en el caso de Grage, la imputación fue también por información falsa para obtención de créditos a bancos y también al regulador
El fiscal Inostroza indicó que pedirán el plazo máximo de dos años para la investigación, y que próximamente solicitarán audiencia para nuevas formalizaciones contra otros imputados.
Sin embargo, respecto de la responsabilidad de los directores, aclaró que por ahora no hay antecedentes que permitan ejercer tales acciones.
Trato especial para los imputados La jornada estuvo marcada por la expectación periodística y por el nulo alcance a la mayoría de los imputados. Sólo el ex gerente general Nicolás Ramírez enfrentó a la prensa en el frontis del Centro de Justicia, donde además debió soportar los gritos de transeúntes que le enrostraron la responsabilidad por las conocidas repactaciones unilaterales que realizaba el equipo ejecutivo.
El resto de los imputados tuvo un privilegio pocas veces visto en audiencias como ésta, ya que ingresaron y salieron por el acceso de los funcionarios y jueces.
Consultados por el trato preferente de los imputados, los fiscales indicaron que la decisión correspondía al Tribunal y que no podían opinar al respecto.
Para el director ejecutivo de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, la formalización en contra de los cinco ex ejecutivos de La Polar constituye una "pésima noticia" para los clientes. Según Fabres, "los más de 900 mil estafados no serán compensados, ya que la formulación corresponde a cargos que impiden ejercer acciones indemnizatorias". Agregó que Chile se está acostumbrando a este tipo de delitos, ya que cada ocho a 10 años se repiten. "Nosotros vamos a seguir abogando por que se hagan diligencias concretas para acreditar el delito de asociación ilícita. Más recursos para la fiscalía. Todo esto para que el delito más grave de la historia económica de Chile tenga una sanción ejemplar", dijo.
EYN:15-12-11
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