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Gobierno estudia endurecer sanciones a salmoneras que incumplan norma sanitaria
Se analiza caducar una concesión en caso de que no se cumpla con los plazos para eliminar peces cuando se detecte el virus ISA.
Han pasado casi ocho meses desde la promulgación de la nueva ley para la industria salmonera, tras la grave crisis producto del virus ISA, y el Gobierno está estudiando hacer una profunda modificación.
"Estamos estudiando la posibilidad de avanzar en sanciones administrativas para aquellas empresas que, teniendo la obligación de eliminar los peces en determinado tiempo (ante un brote de virus ISA), pudieran extender ese período y no cumplan con la regulación. Eso es extremadamente grave, porque contribuye a la diseminación del virus", dijo el jefe del departamento de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca, José Miguel Burgos.
La modificación -que requiere un proyecto de ley- se podría traducir en la caducidad de una concesión. Hoy, la legislación sólo contempla multas.
"Se establecería la suspensión de operaciones durante un tiempo, adicional a la multa, y si la sanción se vuelve a repetir, puede caer en la pérdida de la concesión", detalló Burgos.
La autoridad está consciente de que es imposible eliminar por completo la enfermedad. No obstante, destaca la baja en el número de brotes. "Vamos a ser muy drásticos. Y la detección precoz es un elemento muy importante", sostuvo Burgos.
Distancia entre centros
Otro de los cambios que está propiciando el Ejecutivo es ampliar la distancia entre centros salmoneros para evitar contagios de enfermedades.
El Gobierno ya definió que la distancia entre concesiones es de 2,8 kilómetros. No obstante, en su propuesta para el nuevo Reglamento Sanitario para la Acuicultura (RESA), la autoridad propuso -al Consejo Nacional de Pesca- una distancia adicional de 5,6 kilómetros entre barrios o agrupaciones de concesiones, las que deben mantener un manejo sanitario conjunto.
Lo anterior ha generado rechazo tanto en empresas como por parte de los trabajadores por los mayores costos que generará este tipo de producción, como también por los eventuales despidos que se generarían al reducirse el número de concesiones.
Frente a esto, el Ejecutivo busca dejar en manos de un panel de expertos la resolución de esta controversia.
El panel -que considera a cinco miembros nombrados por el Presidente- también figura como una propuesta del Gobierno para el nuevo RESA.
Sin embargo, en el Consejo Nacional de Pesca se creó una comisión para analizar los cambios propuestos por el Ejecutivo, y esta instancia -en la que hay representantes de gremios acuícolas, del sector pesquero artesanal y de trabajadores de la industria- rechaza la creación de un panel.
"Nos parece que el panel de expertos tiene que ir", dijo José Miguel Burgos.
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